Meade ante la red de Rosario Robles



Tras conocerse públicamente el informe de la ASF sobre los recursos ejercidos en 2014 y 2015 por el equipo de Rosario Robles en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Antonio Meade se deslindó de cualquier responsabilidad, pero no mencionó si presentó una denuncia por las irregularidades detectadas.



“A mí me tocó ser secretario de Sedesol y en esa capacidad realizaron una investigación, con cargo a las rendiciones de la cuenta pública, que se hizo mientras yo era secretario. Se realizó una investigación profunda. Esta investigación resultó en el mayor número de suspensiones de servidores públicos que se haya dado en la historia de la función pública”, presumió el funcionario.



Meade, quien ahora es el candidato presidencial del PRI, señaló que más de 460 servidores públicos fueron separados de sus cargos. Se detectó que “un número muy importante” de adultos mayores habían sido dados de alta, pero en realidad no existían, por lo que tocaba a la ASF y a la PGR “deslindar” responsabilidades.



“A mí no me toca hacer un deslinde”, sentenció Meade en declaraciones a la prensa el miércoles 21.



La “investigación profunda” de Meade no llegó a tocar ni siquiera a la cabeza de la red de desvío y triangulación de fondos en Sedesol, que aplicó exactamente el mismo esquema ahora en la Sedatu, tal como acreditó la ASF.



Un documento interno de la Sedesol, al cual tuvo acceso este semanario, relata que existió una “confabulación” del director general de Programación y Presupuesto de Rosario Robles, Francisco Báez Álvarez, así como una red de complicidades con el director de Recursos Materiales, Enrique Prado Ordóñez, el coordinador de Asesores, Humberto Valverde, y el empresario Alejandro Hinojosa, originario de Irapuato y que presuntamente opera las compañías fantasmas desde despachos y domicilios ubicados en Tenysson y Presidente Masaryk, y en Newton y Lope de Vega, ambos en la colonia Polanco de la Ciudad de México.



De acuerdo con el relato de esta fuente interna de Sedesol, tanto Prado como Hinojosa se encargaron de contactar a las universidades y pusieron las empresas “fantasma” que triangularon los fondos, aprovechando la exención de licitar en el caso de entidades públicas como las universidades.



Otra funcionaria involucrada es Martha Montoya, quien fue tesorera en Sedesol y ahora ocupa un cargo similar en la Sedatu. Ella dejó alrededor de 4 mil cuentas por liquidar y sin comprobación en Sedesol. En Sedatu, en menos de tres meses, de octubre a diciembre de 2015, habría desviado más de 213 millones de pesos del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).



Todos estos personajes –Francisco Báez Álvarez, Enrique Prado Ordóñez y Alejandro Hinojosa– dependen directamente del oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González, quien ha sido el brazo derecho de Robles en ambas dependencias.



Fueron ellos quienes elaboraron y firmaron los contratos con las universidades estatales que originaron los multimillonarios desvíos de dinero documentados por la revista Proceso desde 2015, y en la investigación La estafa maestra, elaborada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.



Zebadúa González es hermano mayor de Ramón Zebadúa, quien trabajó con Rosario Robles en el área administrativa de la Secretaría de Gobierno y en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuando colaboró con Cuauhtémoc Cárdenas.



Las irregularidades administrativas cometidas entonces por Ramón Zebadúa dieron origen a la denuncia periodística del “cochinito” de Rosario Robles, el 28 de mayo de 2001 en el periódico Reforma.



Emilio Zebadúa, quien fue consejero del antiguo Instituto Federal Electoral, secretario de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchía y aspirante a gobernador de la Ciudad de México hace varios años, ha sido señalado por columnistas como presunto responsable de una red de tráfico de influencias y de contratos mediante “empresas fantasmas” en por lo menos 13 universidades públicas. Entre ellas están las de Morelos, Estado de México, Zacatecas, Campeche, Chiapas y Tlaxcala, así como la Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Texcoco, la Tecnológica del Estado de México, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, la de Centla, la Politécnica del Centro y el Instituto Superior de Comalcalco.



Zebadúa González, quien se convirtió en “intocable” durante las gestiones de Meade y Luis Miranda Nava en la Sedesol, es primo de Jaime González Aguadé, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien se sumó a la campaña de Meade como vínculo entre el candidato presidencial priista y los empresarios.



Según versiones periodísticas, antes de que Raúl Cervantes Andrade dejara la PGR en octubre del año pasado ya tenía avanzada una investigación por presunto peculado en contra de Zebadúa González. Jenaro Villamil Vía Proceso.



 

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